El Tribunal Constitucional ha anulado una sentencia de ejecución hipotecaria dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Madrid en la que el Juez se negó a efectuar el control de abusividad de un préstamo hipotecario aduciendo que la solicitud de la prestataria de que la cláusula litigiosa (una cláusula de vencimiento anticipado) se declarase nula por abusiva, era extemporánea.

El Tribunal Constitucional entiende que tal decisión desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Se trata de la Sentencia 31/2019, de 28 de febrero de 2019 (Recurso de amparo 1086-2018), publicada en el BOE hace dos días (BOE núm. 73, de 26 de marzo de 2019). Ha sido ponente la magistrada Dª Encarnación Roca i Trías.

El caso litigioso versaba sobre un préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual de la prestataria.

La entidad bancaria Bankia, S.A., presentó demanda de ejecución hipotecaria contra la demandante de amparo y otros, como deudores hipotecarios en relación con el préstamo solicitado y elevado a escritura pública para la adquisición de su vivienda habitual. Por auto de 25 de noviembre de 2013, el juzgado despachó ejecución y se requirió de pago a los ejecutados. El 14 de abril de 2016, seguidos los trámites pertinentes, se dictó decreto de adjudicación del bien objeto de ejecución. Más de un año después pero antes de que se produjera el lanzamiento de la vivienda, la recurrente, planteó incidente de nulidad de actuaciones y denunció, tomando como base el contenido de la citada resolución, la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en su contrato de préstamo. En su escrito señalaba: «debe suspenderse el curso de los autos, por cuanto que el título llevado a ejecución contiene, entre otras cláusulas de carácter abusivo que esta parte, como no puede ser menos, instará en el declarativo pertinente, una cláusula de vencimiento anticipado de crucial trascendencia incluso para la viabilidad de la acción hipotecaria emprendida en su día de contrario, por cuanto que, de ser nula de pleno derecho […] sus efectos exigen no solo su completa eliminación del contrato, sino que con arreglo a la doctrina general, conlleva la nulidad de todos los actos y efectos de la misma desde su origen, lo que equivale a la falta de título para emprender la ejecución aquí pactada».

El juzgado acordó no admitir a trámite el incidente de nulidad, considerando, entre otros aspectos, que el escrito se había presentado fuera de plazo.

La defensa de la prestataria presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Alegó que el juez debió haberse pronunciado de oficio sobre la cláusula de vencimiento anticipado, y ello especialmente teniendo en consideración la evolución jurisprudencial sufrida en esta materia, en concreto tras la STJUE de 26 de enero de 2017 (asunto C-421/14, Banco Primus, S.A. y Jesús Gutiérrez García), en la que el Tribunal de Justicia establece los criterios que el juzgador ha de tener en cuenta para considerar abusiva dicha cláusula, concluyendo que si la cláusula debatida resulta nula, conforme a dichos estándares, debe ser expulsada del contrato de préstamo hipotecario. Por lo expuesto consideraba que, con la inadmisión del incidente de nulidad, se había vulnerado su derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) entre otros, con incumplimiento del Derecho de la Unión.

El Tribunal Constitucional falla a favor de la recurrente. Considera que de la STJUE de 26 de enero de 2017 «se desprende que las cláusulas cuyo eventual carácter abusivo no haya sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, deben ser conocidas por el juez nacional, bien a instancia de parte o de oficio. Como apunta el fiscal, lo determinante es si el juez estaba obligado al examen de oficio y cuál es el momento en que este examen le era exigible. Así que, declarada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación del órgano judicial de conocer, bien de oficio o a instancia de parte, del posible carácter abusivo de una cláusula contractual, poco importa el momento y cómo llegaron a él los elementos de hecho y de Derecho necesarios para verse compelido a hacerlo. Por ello, el órgano judicial ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición –expresión utilizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, en este caso a través de un incidente de nulidad, se encuentra obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula que se denuncia, con la única excepción de que hubiera sido examinada en un anterior control judicial que hubiera concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada.”

En el fallo se de decide “estimar el recurso de amparo interpuesto por doña (…) y, en su virtud:

1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).

2.º Restablecerla en su derecho y, en consecuencia, declarar la nulidad de la providencia de 16 de enero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, en el procedimiento de ejecución hipotecaria núm. 1134-2013.

3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la citada resolución para que el órgano judicial dicte una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.”

Puede consultarse el texto íntegro de la sentencia AQUÍ.


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