En octubre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y pocos días después comenzó su tramitación parlamentaria. En aquel entonces todo hacía prever que se convertiría en Ley dentro del primer semestre de 2018. En cualquier caso, con retraso. El plazo máximo para la trasposición de la Directiva que está en la base del Proyecto (Directiva 2014/17/UE) finalizaba el 21 de marzo de 2016. En el momento de iniciarse la tramitación parlamentaria, España se hallaba ya bajo la amenaza de una multa impuesta por la UE por este motivo (una multa que podría alcanzar los cien millones de euros). Algunos legisladores, como el Andaluz y el Catalán se adelantaron, dictando normas autonómicas en las que trasponían la Directiva.

Más de un años después, hoy mismo, jueves 21 de febrero, el Congreso ha aprobado la nueva Ley.

No ha sido ajena al retraso en la tramitación de la Ley la situación de inestabilidad política y la parálisis parlamentaria que hemos vivido en estos últimos tiempos y que tiene una conexión directa con la grave crisis económica, esa de la que se ha dicho, a nivel mundial, que ha desbancado a la de 1929.

Sin embargo, pese a que los medios de comunicación la venden como una “nueva Ley Hipotecaria”, no es tal. Esta Ley solo regula algunos aspectos relativos a los créditos hipotecarios. Además, estos aspectos no se refieren tanto a la garantía, a la hipoteca, como al préstamo en sí. Además, ni trata solo de créditos hipotecarios ni se aplica a todos los créditos hipotecario. Tampoco supone esta ley esa reforma de fondo y sistemática que pide el crédito hipotecario.

En una próxima entrada de este blog destacaremos los aspectos esenciales de su contenido.

Enlace BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf


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