Captura de pantalla 2017-03-23 12.16.37El día 7 de abril se celebrará, en el marco del Taller de Garantías, y dentro del Plan de Innovación Educativa de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, la V Jornada "Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria: la protección del consumidor de préstamos hipotecarios".

Ponencias:

“El modelo europeo de protección jurídica de consumidores y usuarios”

Excmo. Sr. D. Javier Orduña Moreno

Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera. Catedrático de Derecho Civil

“El control de abusividad y el control de transparencia en los préstamos hipotecarios”

Excma. Sra. Mª Emilia Adán García

Decana Autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunidad Valenciana

“El bogado ante las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios”

Dª Amparo Barrachina Coscollá

Presidenta de la Sección de Derecho Inmobiliario del ICAV

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales.

Hora: 9,30 h.

 

Captura de pantalla 2017-03-23 11.56.40

El próximo lunes 27 de marzo, a las 17 h., D. Pedro Viger Soler, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia impartirá la conferencia titulada "Los Tribunales ante las cláusulas abusivas".

La actividad tendrá lugar en el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universitat de València (Campus de Tarongers). Se inscribe en el Taller de garantías, integrado en el Plan de innovación educativa de la Facultad de Derecho (Universitat de València).

resolver problemas einstein1Publique su solución al caso práctico a través de un comentario a esta entrada.

Recuerde encabezar la respuesta con el nombre asignado a su grupo de trabajo.

junges_maedchen_beim_lesen

Las sugerencias tienen una finalidad didáctica y, como destinatarios, a los estudiantes que participan en el Taller.

Lecturas básicas:

1)   DE VERDA, J.R. y SERRA, A. (Coord.), Derecho civil III, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

2) BLASCO GASCÓ, F. de P., Instituciones de Derecho Civil. Derechos reales. Derecho registran inmobiliario, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

3)  DÍEZ-PICAZO, L. Y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, vol. III, Tomo 2, Tecnos, Madrid, 2012.

3)  Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

4) Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

5) Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

6) Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.

7) STJE de 14 de marzo de 2013

8) STS, Sala 1ª, de 9 de mayo de 2013

9) STS, Sala 1ª, de 8 de septiembre de 2014

10) STS, Sala 1ª, de 25 de mayo de 2015

11) STS, Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2015

12) STJUE de 21 de diciembre de 2016

11) STJUE de 26 de enero de 2017

 

Lecturas complementarias:

1) DEFENSOR DEL PUEBLO, "Crisis económica  e insolvencia personal: actuaciones y propuestas del defensor del pueblo", en: pulse aquí

2) DEFENSOR DEL PUEBLO, “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del defensor del pueblo”, en: pulse aquí

Actualización del informe: para consultarla, pulse aquí.

3) FUSTER ASENCIO, C., "Efectos tributarios de la dación en pago", Revista de Contabilidad y Tributación, CEF, nº 346, págs. 49-88.

4) ACHÓN BRUÑÉN, Mª J., "Cláusulas abusivas más habituales en las escrituras de hipotecas: análisis de los últimos pronunciamientos de Juzgados y Tribunales", Diario La Ley, Nº 8127, Sección Doctrina, 16 Jul. 2013, Año XXXIV.Cláusulas abusivas más habituales en las escrituras de hipoteca

5) Audio: http://www.rtve.es/alacarta/audios/uned/uned-proteccion-especial-dispensar-relacion-credito-hipotecario-medidas-proteccion-del-deudor-hipotecario-umbral-exclusion-dacion-pago-clausulas-abusivas-02-02-14/2373760/

6) ATIENZA, M. "Los desahucios, los jueces y la idea del Derecho", Iustel, Diario del Derecho. Los desahucios Manuel Atienza

Base de datos procesal: 

La Ley. Iter procesal

Se puede acceder a través de la web de la Universidad>Bibliotecas>Biblioteca de ciencias sociales>Bases de datos>Derecho>Derecho procesal>iter procesal

Material legislativo complementario:

Tabla comparativa de las modificaciones introducidas por la Ley 1/2013. Pulse aquí.

 

expedientes

El Consejo General del Poder Judicial abordará con el Ministerio de Justicia la dotación de medios materiales y personales de los Juzgados de Primera Instancia para acometer el plan de urgencia  previsto tras la reciente STJUE de 21 de diciembre de 2016 sobre la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que hace previsible un aumento sin precedentes del número de litigios. El plan contempla la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo su territorio, para conocer de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de los consumidores y usuarios.

El CGPJ considera, según comunicado de 15 de febrero de 2017, que el plan debería ponerse en marcaba el próximo 1 de junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.

Puede consultarse el texto íntegro del comunicado aquí.

Tribunal-Supremo_1

 

El Tribunal Supremo emitió ayer, 15 de febrero, dos notas de prensa avanzando el fallo de dos nuevas sentencias sobre cláusulas suelo.

En una de ellas, en la que resuelve un recurso de casación del BBVA, adapta su jurisprudencia sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a las STJUE de 21 de diciembre de 2016. En consecuencia, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que acordaba la retroactividad total.

Por otra parte, el Pleno desestima un recurso de casación que pretendía la nulidad de un cláusula suelo de la Caja Rural de Teruel por falta de transparencia, al concluir que en este caso cumplía los requisitos de transparencia establecidos por su jurisprudencia desde la sentencia de 9 de mayo de 2013.

El Tribunal Supremo anuncia que el texto íntegro de las sentencias se redactará en los próximos días.

Actualización:

Puede consultarse ya el texto de la primera sentencia (STS 24/02/2017, ROJ: STS 477/2017) AQUÍ.

Así mismo, puede consultarse ya el texto de la segunda sentencia (STS 09/03/2017, ROJ: STS 788/2017) AQUÍ.

intereses moratorios

El Tribunal Supremo, por Auto de 8 de febrero de 2017, ha planteado cuestión prejudicial ante el TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado incluidas en los préstamos hipotecarios.

Las preguntas que formula el Tribunal Supremo al TJUE son dos:

1- Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una cláusula con varios enunciados.

2- Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un juicio declarativo.

Prorroga-pago

Poco más de un mes después de dictar la sentencia de 21 de diciembre de 2016, El TJUE vuelve a pronunciarse sobre determinados aspectos relativos a las cláusulas abusivas contenidas en los préstamos hipotecarios en la STJUE (Sala Primera) de 26 de enero de 2017. Banco Primus SA contra Jesús Gutiérrez García. Asunto C-421/14.

Considera, una vez más, insuficiente la tutela que brinda la normativa interna española al consumidor al no satisfacer las exigencias de la Directiva 93/13.

En esta ocasión, el procedimiento trae causa de varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander en relación con el préstamo hipotecario concedido por el Banco Primus a D. Jesús Gutiérrez García.

La doctrina que establece el Tribunal Europeo afecta a aspectos con gran transcendencia práctica, entre los que destacaremos los siguientes:

1) Cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo. El art. 1.2 de la Directiva 93/13 señala que «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a las disposiciones de la presente Directiva». Por su parte, el artículo 693. 2 LEC, modificado por Real Decreto-ley 7/2013, establece: «Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución». La STJUE de 26 de enero de 2017 concluye que aquellas cláusulas que incumplan estas limitaciones, fijando, p. ej.,  la posibilidad de declarar el vencimiento anticipado ante cualquier impago o incumplimiento (como ha sido tradicionalmente habitual en los condicionados generales sobre préstamos hipotecarios de los bancos y como ocurría en el caso que suscita las cuestiones prejudiciales que resuelve la sentencia), quedan sometidas al control de abusividad por los jueces nacionales. Si la cláusula se considera abusiva (por causar en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato), debe dejarse sin efecto, sin que pueda declararse el vencimiento anticipado ni siquiera cuando la entidad acreedora haya dejado transcurrir tres impagos mensuales o más antes de hacer valer la cláusula (en el caso de autos el Banco Primus no ejecutó la hipoteca hasta que no se produjeron siete impagos) y sólo la utilice ante el incumplimiento de obligaciones esenciales. Con ello el Tribunal Europeo pone fin a una práctica, contraria a esta doctrina, extendida en muchos juzgados españoles. Confirma así, aunque en términos más rotundos (puntos 68 a 75 de la sentencia), las conclusiones establecidas en el Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de junio de 2015 (Asunto C-602/13). Es de subrayar la trascendencia de esta doctrina y las consecuencias que puede tener,  pues en las escrituras de préstamo hipotecario anteriores a 2013 las cláusulas de vencimiento anticipado se redactaban, en general, en términos que no superarían el control de abusividad. De hecho, tras el citado auto algunas Audiencias Provinciales ya habían dictado resoluciones en las que declaraban la inadmisión o el  sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria por considerar abusiva y, como tal, nula la cláusula de vencimiento anticipado (como muestra, el AAP Valencia de 15 de septiembre de 2015).

2) Cálculo de los intereses ordinarios. Cuando el órgano jurisdiccional considere que una cláusula contractual relativa al modo de cálculo de los intereses ordinarios, como la controvertida en el litigio principal, no está redactada de manera clara y comprensible a efectos del artículo 4.2, de la Directiva 93/13, le incumbe examinar si tal cláusula es abusiva en el sentido del artículo 3.1 de esa misma Directiva. En el marco de este examen, deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por esa cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado.

3)  Contratos ya sometidos a un control judicial de abusividad que ha dado lugar a una resolución con valor de cosa juzgada. En caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado un incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas cuya abusividad no ha sido todavía enjuiciada.

3) Disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013: plazo preclusivo de un mes. Se reitera la doctrina ya establecida en la sentencia de 29 de octubre de 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, apartado 39, según la cual, la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, en la medida en que prevé que los consumidores, frente a los que se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de la fecha de entrada en vigor de dicha Ley y que a esa fecha no ha concluido, deben observar un plazo preclusivo de un mes, computado a partir del día siguiente al de la publicación de esa misma Ley, para formular oposición a la ejecución forzosa sobre la base del carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales, no permite garantizar que tales consumidores puedan aprovechar plenamente ese plazo y, en consecuencia, ejercitar efectivamente sus derechos. Tal plazo es pues contrario a la Directiva 93/13 y no resulta aplicable.

Puede consultarse el texto de la sentencia AQUÍ.

pictures_20110419_1423144503_crop70sub0

 

Los cambios sociales, tecnológicos o el proceso de convergencia europea han afectado de un modo esencial a los procesos de enseñanza/aprendizaje: Portabilidad, ubicuidad, translocalidad, internacionalización, accesibilidad, canales abiertos, flujos de información, campus virtual, aprendizaje móvil o globalización, son vocablos a los que debemos acostumbrarnos.

La necesidad de adaptarse de forma creativa a las nuevas exigencias y a un contexto en constante evolución es, en nuestra era, un reto estratégico, en el que pueden tener un papel destacado las técnicas de innovación educativa. No hablo de técnicas de relumbrón, “de apariencia deslumbrante, pero de escaso valor real” (RAE), sino de aquellas que ofrezcan de verdad nuevas oportunidades de aprendizaje.

En “La Cabina Mágica”, obra de Norton Juster, “un muchacho llamado Milo que no sabía que hacer consigo mismo” (p. 9) llega a “Diccionópolis, un reino feliz, ventajosamente emplazado junto a las Colinas de la Confusión y acariciado por las suaves brisas del Mar del Conocimiento” (p. 34). Allí es día de mercado. Mercado de palabras.

“Antes Milo no había pensado mucho en las palabras, pero tenían tan buen aspecto que anheló tener algunas.

-       ¡Mira Toc! – gritó - ¿no son maravillosas?

-       Están muy bien si tienes algo que decir” (p. 47).

Algo parecido pienso que ocurre con las técnicas de innovación educativa: están muy bien en la medida en que atiendan realmente a las necesidades educativas.

Con esta idea pusimos en marcha el Taller de garantías, que cumple ya su quinta edición. Pretendemos con él involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje y en el de su compañeros. Involucrar es – dice el Diccionario de la RAE – “abarcar, incluir, comprender” o “complicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo en él”. Aunque la terminología suene nueva, la idea no lo es tanto.  En el s. XVIII, Benjamín Franklin afirmaba: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

Seguimos comprometidos con una materia de interés para toda la sociedad: el sobreendeudamiento familiar y la ejecución hipotecaria, en especial, cuando afecta a la vivienda familiar. Su actualidad no ha decaído en los últimos años: como muestra, la STS (Pleno), núm. 364/2016, de 3 de junio, que, con argumentos más que cuestionables, da una vuelta de tuerca en el tema de los intereses moratorios abusivos, o  la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y el recientísimo Real Decreto-ley 1/2017 relativos a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por la aplicación de cláusulas suelo nulas. Con ello, nos reafirmamos un año más en el compromiso ético que el jurista debe mantener con la sociedad si quiere que las palabras "derecho" y "justicia" caminen de la mano.

Acabaré con una cita cinematográfica.

”The paper chase”, película de James Bridges, relata el primer año de estudios de un alumno brillante en la Facultad de Derecho de Harvard. El viejo y exigente profesor Kingsfield es una leyenda viva en la universidad. Kingsfield imparte sus clases a partir de lo que él llama el método socrático:

“Yo les llamo – dice -, les hago una pregunta y ustedes responden.

¿Por qué no les doy una charla y ya?

Porque con mis preguntas ustedes aprenden a enseñarse a sí mismos.

A través de este método (…) buscamos analizar el enorme complejo de hechos que constituyen las relaciones entre los miembros de una determinada sociedad.”

Y les advierte:

“Nunca van a encontrar la respuesta correcta, absoluta, final. En mi clase siempre hay otra pregunta, otra pregunta que sigue a su respuesta.”

Acaba con un símil medico y una conclusión que lo resume todo:

“Están en una sala de operaciones. Mis pequeñas preguntas son los dedos tanteando sus cerebros. Aquí hacemos cirugía cerebral. Ustedes se enseñan a ustedes mismos el Derecho, pero yo entreno sus mentes.”

Yo no sé si los profesores somos cirujanos del cerebro pero sí que sé que estamos aquí para entrenar, de algún modo, a nuestros estudiantes.

Cuando éstos participan activamente, interactúan con otros, dan su opinión, resuelven un problema que se les ha planteado, tienen la oportunidad de pensar y formular preguntas a expertos sobre la materia, reflexionan acerca de una noticia de prensa, una película o sus propias experiencias personales en clave jurídica, emplean las nuevas tecnologías para buscar información o para dialogar con otros, asisten y observan de primera mano un juicio, cuando hacen cualquiera de estas cosas, se involucran en el asunto y se comprometen con él. ¿El resultado? Aprenden.

Doy la bienvenida a esta quinta edición del Taller de garantías, en el Curso 2016-2017, a todos nuestros estudiantes y a los profesores que participan en la actividad. Espero que les resulte y nos resulte motivador, nos involucremos y … aprendamos.

Mª Dolores Mas Badia

Valencia, 26 de enero de 2017

 

Captura de pantalla 2016-04-20 13.57.31

Tras el revuelo creado por la STJUE de 21 de diciembre de 2016 en el sector judicial y en el ámbito económico-financiero ante el previsible aluvión de reclamaciones solicitando la devolución de las cantidades pagadas por la aplicación de cláusulas suelo nulas, el Gobierno ha dictado el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Fue publicado en el BOE de 21 de enero, día en el que entró en vigor (cfr. Disposición final cuarta).

El objetivo principal es facilitar a los consumidores un cauce que les permita llegar  a acuerdos con las entidades de crédito, de modo que se agilice la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor. El Real Decreto-ley 1/2017 articula un mecanismo de solución extrajudicial del conflicto consistente en un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que no sustituye, sino que se añade, a los procedimientos de tutela judicial o extrajudicial que ya contemplaba el ordenamiento jurídico. Su uso es voluntario y gratuito para el consumidor y obligatorio para la entidad prestamista, si aquél decide utilizarlo. Durante el tiempo en que se sustancie la reclamación previa, las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de ésta. En cualquier caso, queda a salvo el derecho del prestatario a obtener la tutela judicial efectiva de su derecho ante los Tribunales nacionales, que podrá hacerse valer fracasada o no intentada la reclamación previa.

Junto a este mecanismo, se establecen medidas respecto de las costas judiciales para incentivar el reconocimiento extrajudicial del derecho del consumidor y el allanamiento por parte de las entidades de crédito.

Adicionalmente, se regula el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las referidas cantidades, modificando, a tal efecto, la normativa del IRPF.

A pesar de su reciente publicación, no se han hecho esperar las críticas. Es cierto que la entidad de crédito debe seguir este procedimiento si el consumidor lo solicita. Pero nada obsta a que el mismo, cuya duración máxima es de tres meses, finalice sin acuerdo o a que el banco haga una oferta al consumidor que no satisfaga a éste o simplemente rechace su solicitud, abocando la solución a un litigio judicial. Resulta, por otra parte cuestionable que las medidas sobre costas procesales que se establecen en el art. 4 del Real Decreto-ley 1/2017 sean suficientes para incentivar debidamente al banco a llegar a un acuerdo u ofrecer una solución justa. Habrá que esperar para valorar la eficacia de la Norma y comprobar si resulta útil para frenar la litigiosidad.

Puede consultar el texto del Real Decreto-ley 1/2017 AQUÍ.