Se encuentran disponibles los vídeos de la VI Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria: Transparencia y crédito responsable”, celebrada el pasado 23 de marzo en la Facultat de Dret  de la Universitat de València.

Intervinieron como ponentes, D. José Losada Morell, Registrador de la Propiedad de Benaguacil y Director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de los Registros de la Comunidad Valenciana (“La cláusula de vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria”); D. Pedro L. Viguer Soler, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia (“La especialización de Juzgados de 1ª Instancia de la Comunidad Valenciana en materia de condiciones generales de la contratación”);  y D. Javier Orduña Moreno, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera y Catedrático de Derecho Civil (“La transparencia como valor y como norma”).

Puede acceder a los vídeos a través del siguiente enlace: http://mmedia.uv.es/index?f=_all&w=sobreendeudamiento18

Desde la organización de la jornada deseamos agradecer la labor realizada por los técnicos del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València.

 

Tres años después de la STS 705/2015, de 23 de diciembre en que se consideró abusiva la cláusula que atribuía al prestatario todos los gastos e impuestos derivados del préstamo hipotecario, el Tribunal Supremo vuelve sobre la cuestión.

Las sentencias, anunciadas por el Pleno del Tribunal el 28 de febrero, sobre las que incluimos una entrada en el blog, han sido finalmente publicadas: SSTS 147/2018 148/2018, de 15 de marzo.

La cláusula es abusiva y, por tanto, nula

En el fallo de ambas se establece:

“(i) La cláusula litigiosa es nula por abusiva, al atribuir, indiscriminadamente y sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario.

(ii) En lo que afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habrá que estar a las siguientes reglas:

  1. Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario.
  2. En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario.
  3. En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos casos en que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por la matriz. Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.
  4. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad «Actos Jurídicos Documentados» que grava los documentos notariales.”

Pero no hay que devolver las cantidades cobradas

Pese a la estimación del recurso de casación en lo relativo a la abusividad de la cláusula de atribución indiscriminada de gastos al deudor, el Tribunal Supremo concluye que no cabe devolución alguna por las cantidades abonadas por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dado que el prestatario es el obligado por la normativa reguladora del impuesto (en la interpretación que de tales normas han hecho el Tribunal Constitucional y la Sala Tercera del Tribunal Supremo). Añade que “(p)ara adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto. La determinación de quién es el sujeto pasivo de un impuesto es una cuestión legal, de carácter fiscal o tributario, que no puede ser objeto del control de transparencia o abusividad desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE, sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores”.


El próximo día 23 de marzo se celebrará, en el marco del Taller de Garantías, y dentro del Plan de Innovación Educativa de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, la VI Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria: Transparencia y crédito responsable”.

Llegamos así a la sexta edición de una jornada en la que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con especialistas de primera fila en relación con una materia que ha mantenido durante estos seis años la misma actualidad y que afecta de modo tan destacado a los ciudadanos.

Intervendrán, como ponentes, D. José Losada Morell, Registrador de la Propiedad de Benaguacil y Director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de los Registros de la Comunidad Valenciana (“La cláusula de vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria”); D. Pedro L. Viguer Soler, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia (“La especialización de Juzgados de 1ª Instancia de la Comunidad Valenciana en materia de condiciones generales de la contratación”);  y D. Javier Orduña Moreno, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera y Catedrático de Derecho Civil (“La transparencia como valor y como norma”).

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales.

Hora: 9,30 h.

Tras la experiencia con los productos financieros complejos (preferentes, subordinadas, etc.), los juzgados se enfrentan a la avalancha de demandas provocadas por la existencia de cláusulas abusivas en los préstamos bancarios. Valencia cuenta, desde el 1 de junio de 2017, con un juzgado de Primera Instancia especializado, el nº 25, para resolver estos litigios. Como explicó Pedro Viguer, Decano de los Jueces de Valencia, en una rueda de prensa ofrecida el 1 de febrero de este mismo año, este juzgado tiene más de 2.800 juicios y vistas señalados hasta septiembre de 2018 y una media de 50 demandas diarias, la mayoría relativas a los gastos de formalización de las hipotecas.

La Junta de Jueces de Primera Instancia nº 25 de Valencia, en sesión celebrada el pasado 16 de enero, adoptó un acuerdo relativo a los escritos de demanda y contestación que hayan de presentarse ante este Juzgado para conocer los procedimientos en materia de condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Con carácter de recomendación no vinculante y estrictamente voluntaria aconseja acompañar a los citados escritos una ficha-resumen de los motivos y alegaciones principales invocados. Puede consultarse el modelo en la página web del Decanato de los Juzgados de Valencia: http://portales.gva.es/c_justicia/decanato/

Preguntas

marzo 13, 2018 | | 41 Comments

¡Publique sus preguntas como comentario a esta entrada!

Aquéllas que sean seleccionadas podrán plantearse a los especialistas en la VI Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria”, que se celebrará el día 23 de marzo en el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”.

La pregunta debe comenzar por la identificación del grupo que la plantea (p.ej.: Grupo LA1).

Lecturas

marzo 5, 2018 | | Dejar un comentario

Las sugerencias tienen una finalidad didáctica y, como destinatarios, a los estudiantes que participan en el Taller.

Jurisprudencia:

1) STJE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 (Caso Mohamed Aziz)- Cláusulas abusivas y oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

2) STS, Sala 1ª, de 9 de mayo de 2013, Roj: STS 1916/2013.- Cláusula suelo en los préstamos hipotecarios.

3) STS, Sala 1ª, de 8 de septiembre de 2014, Roj: 3903/2014.- Cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. Control de transparencia: caracterización y alcance.

4) STS, Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2015, Roj: STS 5618/2015.- Cláusula sobre gastos en el préstamo hipotecario.

5) STS, Sala 1ª, de 3 de junio de 2016, Roj: STS 2401/2016.- Intereses de demora en préstamo hipotecario.

6) STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15.- Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva.

7) STJUE de 26 de enero de 2017, asunto C‑421/14.- Cláusulas de vencimiento anticipado y otras cuestiones.

Bibliografía complementaria:

  • Castillo Martínez, C. del C., “Algunas consideraciones sobre la nulidad de la cláusula de gastos en la hipoteca”, Revista Boliviana de Derecho, Nº 25, enero 2018, pp. 174-211. Disponible en http://revista-rbd.com/articulos/2018/174-211.pdf
  • Castillo Martínez, C. del C.: Las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo garantizado con hipoteca. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2016.
  • Martínez Escribano, C., “El control de transparencia y la validez de las cláusulas suelo”, Revista de Derecho bancario y bursátil, Nº 133, 2014, pp. 295-344. 
  • Orduña Moreno, J., Sánchez Martín, C. Y Guillén Catalán, R., Control de transparencia y contratación bancaria, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.
  • Pertíñez Vílchez, F., La nulidad de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.
  • Moreno Trapiella, P. C., Ejecución hipotecaria. Jurisprudencia del TJUE sobre las clausulas abusivas, Wolters Kluwer, Las Rozas, 2017.
  • Moreno Trapiella, P. C., “Los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva”, Diario La Ley, Nº 8789, 2016
  • Martínez de Santos, A.: La hipoteca y su ejecución  (opciones y alternativas procesales), Fe d’erratas, Madrid, 2016.
  • Ribón Seisdedos, Eugenio, Cláusula suelo y reclamación de gastos hipotecarios, 2.ª ed., SEPIN, 2017.

Base de datos procesal: 

La Ley. Iter procesal

Se puede acceder a través de la web de la Universidad>Bibliotecas>Biblioteca de ciencias sociales>Bases de datos>Derecho>Derecho procesal>iter

 

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre el pago del impuesto en los préstamos garantizados con hipoteca. Los medios de prensa se refieren a una buena noticia para el sector financiero español y mala para miles de hipotecados.

En diciembre de 2015 ya dictó una sentencia en la que declaró nula por abusiva la cláusula que impusiera al prestatario el importe total de los costes del préstamo hipotecario, pero no aclaraba qué gastos debía asumir cada una de las partes. Esto generó soluciones dispares en los tribunales de instancia.

Las sentencias de hoy tiene su origen en un recurso planteado contra cláusulas de préstamos hipotecarios que atribuían al prestatario todos los gastos e impuestos generados por la operación. El Alto Tribunal se pronuncia, en concreto, sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días, pero en el portal del Poder Judicial España se transcribe la nota informativa facilitada por la Sala Primera, que señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

Habrá que esperar a la lectura de las sentencias cuando se publiquen.

 


El pasado mes de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y poco después comenzó su tramitación parlamentaria (BOCG. Congreso de los Diputados Núm. A-12-1 de 17/11/2017). Todo hace prever que se convertirá en Ley dentro del primer semestre de 2018. En cualquier caso, con retraso. El plazo máximo para la transposición de la Directiva 2014/17/UE sobre crédito inmobiliario residencial, que la ley proyectada efectúa de modo parcial, finalizó el 21 de marzo de 2016. A fecha de hoy España se halla bajo la amenaza de una multa impuesta por la UE por este motivo.

Algunos legisladores, como el Andaluz y el Catalán se han adelantado, dictando normas autonómicas en las que trasponen la Directiva. Esto es consecuencia de un sistema plurilegislativo como el español en virtud del cual también las CCAA tienen la obligación de transponer las directivas que les afectan directamente. Se abre aquí un interrogante respecto de la transposición de la Directiva a los ordenamientos autonómicos. Es cierto que todas las Comunidades tienen competencia en materia de consumo. Sin embargo, no la tienen en materia de Derecho mercantil, procesal, registral o en relación con las bases de las obligaciones, lo que promete conflictos en este plano.

Pese a la forma en que ha sido presentada por los medios de comunicación, lo que se tramita no es una nueva Ley Hipotecaria. Decir que este apelativo es demasiado ambicioso es quedarse corto. En nuestro país, la Ley hipotecaria es la que diseña y regula el Registro de la Propiedad y, entre otras cosas, se detiene en el régimen jurídico de la hipoteca. La LH tiene 328 artículos, sin contar sus disposiciones transitorias y final. El Proyecto de Ley de referencia solo modifica 4 de estos artículos.  Solo regula algunos aspectos relativos a los créditos hipotecarios; además, estos aspectos no se refieren tanto a la garantía, a la hipoteca, como al préstamo en sí; por otra parte, ni trata solo de créditos hipotecarios ni se aplica a todos los créditos hipotecario.

Una de las consecuencias de la situación de crisis económica y financiera de la última década ha sido la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema. En los considerandos de la Directiva 2014/17/UE se insiste en la necesidad de “implantar, de cara al futuro, mercados responsables y fiables, y restablecer la confianza de los consumidores”. Es cierto que, en España, la Directiva 2014/17/UE llega en un momento en que ya se han producido cambios importantísimos en la jurisprudencia y se han dictado algunas normas ante la situación que hace aflorar la crisis económica. Pero no dejan de ser parches insuficientes (como en su momento la Ley 1/2013, conocida como Ley Antidesahucios o el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo).

Hay un reto que tenemos pendiente todavía: acometer una revisión a fondo y de fondo del sistema, para que el crédito hipotecario siga cumpliendo y lo haga de una manera justa la importante función que ha ejercido tradicionalmente, permitiendo a muchos ciudadanos acceder a una vivienda en propiedad o emprender. No han sido pocos los especialistas que en los últimos años han denunciado que el goteo constante de normas que se han dictado no ha obedecido a un plan coherente y ordenado, sino que más bien se ha producido como reacción apresurada al malestar social desencadenado por la crisis económica (entre otros, Díaz-Alabart). Es hora ya de que los cambios normativos se produzcan no a través de remiendos provocados por las llamadas de atención del TJUE, o asumiendo nuestro Tribunal Supremo una función que correspondería más bien al legislador, sino que tengan lugar como fruto de una reflexión y de la valentía necesaria para hacer las reformas necesarias.

Sin embargo, si alguno de los lectores se ha hecho la ilusión de que con este Proyecto de Ley se procede a la reforma de fondo y sistemática que pide el crédito hipotecario, que se desengañe. Por el contrario se ha llegado a hablar de una ley (la que saldrá del Proyecto) de corto recorrido.

1º Se trata de una ley de transposición y, además de transposición parcial, de una directiva que ya de por sí tenía un alcance limitado; solo se ocupa de algunos aspectos referidos a algunos contratos de crédito. Quedan sin resolver cuestiones importantes que están causando ahora muchos problemas:

– los derivados de la situación de grave endeudamiento de muchos ciudadanos y su repercusión en la economía general;

– las dificultades para devolver los préstamos ya concertados;

-la proliferación de las ejecuciones hipotecarias;

-la validez y eficacia de los contratos o, en general, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que establece el Proyecto de ley.

La directiva y la ley que la transpone no es la cura para estos problemas.

2º Muchos de los aspectos que se regulan guardan relación con la transparencia bancaria y financiera y con una idea emergente en el contexto de la crisis económica y financiera de esta última década: el préstamo responsable. Pero aquí el Proyecto de Ley no actúa sobre terreno virgen sino sobre uno en que ya había incidido una normativa importante a la que el Proyecto no aporta demasiado a medidas que ya se habían adoptado previamente y estaban funcionando.

Si atendemos a las opiniones vertidas sobre la directiva veremos que van desde aquellos que la consideran como una norma de protección de los consumidores hasta quienes afirman que más bien trata de lavar la imagen de los bancos y entidades financieras y asegurar una conducta responsable a la hora de conceder créditos para la adquisición de inmuebles de uso residencial. Según esta última opinión, el fin sería frenar, en el futuro, los comportamientos irresponsables en la concesión de crédito que tanto han influido en la crisis que estalla a finales de 2007. Y no es que esto no sea importante, aunque tampoco podemos decir que la directiva resulte una novedad en la materia.

La doctrina especializada no se ha mostrado muy esperanzada de que la Directiva o la Ley de transposición puedan ofrecer resultados realmente eficaces o muy diferentes a los obtenidos hasta ahora. Veremos cuál es su recorrido futuro.

Los cambios sociales, tecnológicos o el proceso de convergencia europea han afectado de un modo esencial a los procesos de enseñanza/aprendizaje: Portabilidad, ubicuidad, translocalidad, internacionalización, accesibilidad, canales abiertos, flujos de información, campus virtual, aprendizaje móvil o globalización, son vocablos a los que debemos acostumbrarnos.

La necesidad de adaptarse de forma creativa a las nuevas exigencias y a un contexto en constante evolución es, en nuestra era, un reto estratégico, en el que pueden tener un papel destacado las técnicas de innovación educativa. No hablo de técnicas de relumbrón, “de apariencia deslumbrante, pero de escaso valor real” (RAE), sino de aquellas que ofrezcan de verdad nuevas oportunidades de aprendizaje.

En “La Cabina Mágica”, obra de Norton Juster, “un muchacho llamado Milo que no sabía que hacer consigo mismo” (p. 9) llega a “Diccionópolis, un reino feliz, ventajosamente emplazado junto a las Colinas de la Confusión y acariciado por las suaves brisas del Mar del Conocimiento” (p. 34). Allí es día de mercado. Mercado de palabras.

“Antes Milo no había pensado mucho en las palabras, pero tenían tan buen aspecto que anheló tener algunas.

–       ¡Mira Toc! – gritó – ¿no son maravillosas?

–       Están muy bien si tienes algo que decir” (p. 47).

Algo parecido pienso que ocurre con las técnicas de innovación educativa: están muy bien en la medida en que atiendan realmente a las necesidades educativas.

Con esta idea pusimos en marcha el Taller de garantías, que cumple ya su sexta edición. Pretendemos con él involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje y en el de su compañeros. Involucrar es – dice el Diccionario de la RAE – “abarcar, incluir, comprender” o “complicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo en él”. Aunque la terminología suene nueva, la idea no lo es tanto.  En el s. XVIII, Benjamín Franklin afirmaba: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

Seguimos comprometidos con una materia de interés para toda la sociedad: el sobreendeudamiento familiar y la ejecución hipotecaria, en especial, cuando afecta a la vivienda familiar. Su actualidad no ha decaído en los últimos años: como muestra, la STS (Pleno), núm. 364/2016, de 3 de junio, que, con argumentos más que cuestionables, da una vuelta de tuerca en el tema de los intereses moratorios abusivos, o  la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y el recientísimo Real Decreto-ley 1/2017 relativos a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por la aplicación de cláusulas suelo nulas. Con ello, nos reafirmamos un año más en el compromiso ético que el jurista debe mantener con la sociedad si quiere que las palabras “derecho” y “justicia” caminen de la mano.

Acabaré con una cita cinematográfica.

”The paper chase”, película de James Bridges, relata el primer año de estudios de un alumno brillante en la Facultad de Derecho de Harvard. El viejo y exigente profesor Kingsfield es una leyenda viva en la universidad. Kingsfield imparte sus clases a partir de lo que él llama el método socrático:

“Yo les llamo – dice -, les hago una pregunta y ustedes responden.

¿Por qué no les doy una charla y ya?

Porque con mis preguntas ustedes aprenden a enseñarse a sí mismos.

A través de este método (…) buscamos analizar el enorme complejo de hechos que constituyen las relaciones entre los miembros de una determinada sociedad.”

Y les advierte:

“Nunca van a encontrar la respuesta correcta, absoluta, final. En mi clase siempre hay otra pregunta, otra pregunta que sigue a su respuesta.”

Acaba con un símil medico y una conclusión que lo resume todo:

“Están en una sala de operaciones. Mis pequeñas preguntas son los dedos tanteando sus cerebros. Aquí hacemos cirugía cerebral. Ustedes se enseñan a ustedes mismos el Derecho, pero yo entreno sus mentes.”

Yo no sé si los profesores somos cirujanos del cerebro pero sí que sé que estamos aquí para entrenar, de algún modo, a nuestros estudiantes.

Cuando éstos participan activamente, interactúan con otros, dan su opinión, resuelven un problema que se les ha planteado, tienen la oportunidad de pensar y formular preguntas a expertos sobre la materia, reflexionan acerca de una noticia de prensa, una película o sus propias experiencias personales en clave jurídica, emplean las nuevas tecnologías para buscar información o para dialogar con otros, asisten y observan de primera mano un juicio, cuando hacen cualquiera de estas cosas, se involucran en el asunto y se comprometen con él. ¿El resultado? Aprenden.

Doy la bienvenida a esta sexta edición del Taller de garantías, en el Curso 2017-2018, a todos nuestros estudiantes y a los profesores que participan en la actividad. Espero que les resulte y nos resulte motivador, nos involucremos y … aprendamos.

Mª Dolores Mas Badia

Valencia, 5 de febrero de 2018

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Se hallan pendientes de solución por el TJUE varias cuestiones prejudiciales planteadas por el propio Tribunal Supremo sobre cuestiones, relativas a las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, acerca de  las que no existe unidad de criterio en la doctrina ni en la jurisprudencia menor. De este modo, el Tribunal Supremo se muestra cauteloso tras las últimas llamadas de atención del Tribunal europeo.

En el ATS, Sala de lo Civil, de 8 de febrero de 2017 (Roj: ATS 271/2017), se pide la aclaración de algunos extremos relativos a las cláusulas de vencimiento anticipado incluidas en los préstamos hipotecarios:

“1.º- ¿Debe interpretarse el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE en el sentido de que admite la posibilidad de que un tribunal nacional, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado incorporada en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor que prevé el vencimiento por impago de una cuota, además de otros supuestos de impago por más cuotas, aprecie la abusividad solo del inciso o supuesto del impago de una cuota y mantenga la validez del pacto de vencimiento anticipado por impago de cuotas también previsto con carácter general en la cláusula, con independencia de que el juicio concreto de validez o abusividad deba diferirse al momento del ejercicio de la facultad?.

2.º- ¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Directiva 93/13/CEE, para -una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria poder valorar que la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la continuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar la resolución del contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades debidas, y la subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al consumidor?.”

Puede consultar la resolución AQUÍ.

Por su parte, el ATS, Sala de lo Civil, de 22 de febrero de 2017 (Roj: ATS 785/2017), se centra en las consecuencias de la declaración de abusividad de la cláusula de interés de demora en los préstamos hipotecarios. Plantea la siguiente petición de decisión prejudicial:

1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE , ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula  de un contrato de préstamo que establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato constituye una indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha retrasado en el cumplimiento de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva?

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE , ¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula  de un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto del control de abusividad el recargo que dicho interés supone respecto del interés remuneratorio, por constituir la «indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que no ha cumplido sus obligaciones», y establece que la consecuencia de la declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se siga devengando el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo?

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos en el contrato, o bien el devengo del interés legal?

Puede consultar el texto de la resolución AQUÍ.