El próximo día 29 de marzo se celebrará, en el marco del Taller de Garantías, y dentro del Plan de Innovación Educativa de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, la VII Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria: La situación actual de los préstamos hipotecarios”.

Se trata de la séptima edición de una Jornada en la que destacados especialistas procedentes de distintos ámbitos profesionales abordan cuestiones de la máxima actualidad relativas a los préstamos hipotecarios, con especial atención a aquellos en los que el objeto de la hipoteca es la vivienda habitual.

En esta ocasión, intervendrán como ponentes: D. Javier Orduña Moreno, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera y Catedrático de Derecho Civil (“La proyección constitucional del valor de la transparencia”); D. Pedro L. Viguer Soler, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia (“La realidad diaria de las cláusulas abusivas en los Juzgados de Valencia”); D. José Losada Morell, Registrador de la Propiedad de Benaguacil y Director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de los Registros de la Comunidad Valenciana (“Ejercicio de la acción hipotecaria en procedimiento declarativo”); Dª Carolina del C. Castillo Martínez, Magistrada Juez Titular Primera Instancia 4 Castellón y Profesora Titular de Derecho Civil (excedente) (“La Ley de contratos de crédito inmobiliario: perspectiva general”); y Dª Amparo Barrachina Coscollá, Abogada. Presidenta de la Sección de Derecho Inmobiliario del ICAV (“La declaración de abusividad de los gastos hipotecarios: evolución y situación actual”).

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales.

Hora: 10,30 h.

Se ruega acudir al menos con 15 m. de antelación a la hora de la inauguración.

Preguntas

marzo 15, 2019 | | 18 Comments

¡Publique sus preguntas como comentario a esta entrada!

Aquéllas que sean seleccionadas podrán plantearse a los especialistas en la VII Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria”, que se celebrará el día 29 de marzo en el Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”.

La pregunta debe comenzar por la identificación del grupo que la plantea (p.ej.: Grupo LA1) e indicar el ponente al que se dirige.

En octubre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y pocos días después comenzó su tramitación parlamentaria. En aquel entonces todo hacía prever que se convertiría en Ley dentro del primer semestre de 2018. En cualquier caso, con retraso. El plazo máximo para la trasposición de la Directiva que está en la base del Proyecto (Directiva 2014/17/UE) finalizaba el 21 de marzo de 2016. En el momento de iniciarse la tramitación parlamentaria, España se hallaba ya bajo la amenaza de una multa impuesta por la UE por este motivo (una multa que podría alcanzar los cien millones de euros). Algunos legisladores, como el Andaluz y el Catalán se adelantaron, dictando normas autonómicas en las que trasponían la Directiva.

Más de un años después, hoy mismo, jueves 21 de febrero, el Congreso ha aprobado la nueva Ley.

No ha sido ajena al retraso en la tramitación de la Ley la situación de inestabilidad política y la parálisis parlamentaria que hemos vivido en estos últimos tiempos y que tiene una conexión directa con la grave crisis económica, esa de la que se ha dicho, a nivel mundial, que ha desbancado a la de 1929.

Sin embargo, pese a que los medios de comunicación la venden como una “nueva Ley Hipotecaria”, no es tal. Esta Ley solo regula algunos aspectos relativos a los créditos hipotecarios. Además, estos aspectos no se refieren tanto a la garantía, a la hipoteca, como al préstamo en sí. Además, ni trata solo de créditos hipotecarios ni se aplica a todos los créditos hipotecario. Tampoco supone esta ley esa reforma de fondo y sistemática que pide el crédito hipotecario.

En una próxima entrada de este blog destacaremos los aspectos esenciales de su contenido.

Enlace BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3814.pdf

El Tribunal Supremo ha emitido dictado varias sentencias (Sentencias 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero) en las que fija doctrina sobre comisión de apertura, IAJD, aranceles de notario y registrador y gastos de gestoría, que afectan especialmente a los préstamos hipotecarios con consumidores.

A continuación se transcribe la Nota de la Sala de lo civil del TS de 24 de enero de 2019, en la que se da cuenta de esta doctrina:

“La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

En primer lugar, analiza la posible abusividad de la cláusula que, en un préstamo hipotecario, establece una comisión de apertura

Tras examinar la normativa sectorial aplicable al caso (tanto la nacional como la de la Unión Europea), el Tribunal Supremo considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo; por el contrario, el interés remuneratorio y la comisión de apertura constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE, que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo del préstamo.

Por esa razón, la Sala concluye que la comisión de apertura no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que considera superado o cumplido porque “es de general conocimiento entre los consumidores interesados el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a informar al potencial prestatario de acuerdo con la regulación de las fichas normalizadas de información y, de hecho, suele ser uno de los extremos sobre los que versa la publicidad de las entidades bancarias; se trata de una comisión que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo; y la redacción, ubicación y estructura de la cláusula permiten apreciar que constituye un elemento esencial del contrato”

En segundo lugar, la sala se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre.

1- Son pagos que han de hacerse a terceros- no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario. La declaración de abusividad no puede conllevar que esos terceros (notarios, gestores, registradores) dejen de percibir lo que por ley les corresponde.

2- El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.

A- Arancel notarial.

La intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación. En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.

B- Arancel registral.
La garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista, por

lo que es a este al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca. En cambio, la inscripción de la escritura de cancelación interesa al prestatario, por lo que a él le corresponde este gasto.

C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

La Sala reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, como ya acordó en las sentencias 147 y 148/2018, de 15 de marzo, cuya doctrina se corresponde con la de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre, que mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma Sala Tercera. A esta doctrina jurisprudencial común no le afecta el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente), puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contiene regulación retroactiva alguna.

D- Gastos de gestoría.
También se impone el pago por mitad de los mismos.

Madrid, enero de 2019.
Área civil del Gabinete Técnico.”

 

Lecturas

febrero 14, 2019 | | Dejar un comentario

Las sugerencias tienen una finalidad didáctica y, como destinatarios, a los estudiantes que participan en el Taller.

Jurisprudencia

1) STJE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 (Caso Mohamed Aziz)- Cláusulas abusivas y oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria.

2) STS, Sala 1ª, de 9 de mayo de 2013, Roj: STS 1916/2013.- Cláusula suelo en los préstamos hipotecarios.

3) STS, Sala 1ª, de 8 de septiembre de 2014, Roj: 3903/2014.- Cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. Control de transparencia: caracterización y alcance.

4) STS, Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2015, Roj: STS 5618/2015.- Cláusula sobre gastos en el préstamo hipotecario.

5) STS, Sala 1ª, de 3 de junio de 2016, Roj: STS 2401/2016.- Intereses de demora en préstamo hipotecario.

6) STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15.- Limitación por el juez nacional de los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva.

7) STJUE de 26 de enero de 2017, asunto C‑421/14.- Cláusulas de vencimiento anticipado y otras cuestiones.

8) STS, Sala 3ª, de 27 de noviembre de 2018, ROJ: 3888/2018.- Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

9) STS, Sala 1ª. Pleno, de 28 de noviembre de 2018, ROJ: 3889/2018.- Nulidad de cláusula abusiva de intereses de demora. Es abusiva la cláusula que fija un interés de demora que excede de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Si se declara nula la cláusula que fija el interés de demora, cuando el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar seguirá devengando el interés remuneratorio fijado en el contrato

Bibliografía complementaria

  • AAVV, Vivienda e hipoteca, Asociación de Profesores de Derecho Civil, Tecnos, 2018.
  • Castillo Martínez, C. del C.: Las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo garantizado con hipoteca. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2016.
  • Martínez Escribano, C., “El control de transparencia y la validez de las cláusulas suelo”, Revista de Derecho bancario y bursátil, Nº 133, 2014, pp. 295-344. 
  • Martínez de Santos, A.: La hipoteca y su ejecución  (opciones y alternativas procesales), Madrid, 2016.
  • Moreno Trapiella, P. C., Ejecución hipotecaria. Jurisprudencia del TJUE sobre las clausulas abusivas, Wolters Kluwer, Las Rozas, 2017.
  • Moreno Trapiella, P. C., “Los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva”, Diario La Ley, Nº 8789, 2016
  • Orduña Moreno, J., Sánchez Martín, C. y Guillén Catalán, R., Control de transparencia y contratación bancaria, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.
  • Pertíñez Vílchez, F., La nulidad de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.
  • Ribón Seisdedos, Eugenio, Cláusula suelo y reclamación de gastos hipotecarios, 2.ª ed., SEPIN, 2017.

Conferencias

“Garantía hipotecaria y derecho a la vivienda en España”, Seminario Jurídico Interdepartamental de la Facultad de Derecho de Valencia

Ponente: Mas Badia, Mª Dolores, “Hipoteca y vivienda.. ¿Cuáles son las reglas del Juego?”,  disponible en: https://mmedia.uv.es/buildhtml/52983

Discussant: Castillo Martínez, Carolina del C, disponible en: https://mmedia.uv.es/buildhtml?user=francal2&path=/seminaridret/&name=discussantdes2018.mp4

Base de datos procesal

La Ley. Iter procesal

Se puede acceder a través de la web de la Universidad>Bibliotecas>Biblioteca de ciencias sociales>Bases de datos>Derecho>Derecho procesal>iter

 


A finales del año 2006, justo antes de que se desencadenara la grave crisis económica y financiera cuyos efectos todavía padecemos, España recibió la visita oficial de un representante de la ONU: Miloon Kothari, Relator especial de la ONU sobre el acceso a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Las conclusiones del viaje fueron recogidas en un Informe, en el que puede leerse: “A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse la función social de la vivienda y aplicarse plenamente el artículo 47 de la Constitución. Todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores inmobiliarios, los constructores, las agencias inmobiliarias, los grupos de la sociedad civil y otros agentes de los sectores público y privado, deben participar en la realización de este derecho humano básico”.

La gran mayoría de las familias españolas prefieren el acceso a la propiedad de la vivienda antes que el alquiler en un porcentaje bastante mayor que en el resto de Europa. En la actualidad, los elevados precios del alquiler sigue fomentando la opción por la propiedad, siempre que se disponga de crédito. Haciendo un inciso, ello parece sugerir el fracaso de los objetivos que anunciaba el legislador cuando modificó la LAU por Ley 4/2013 y también el de la política social basada en la promoción de VPO en régimen de alquiler.

Sin la financiación que tradicionalmente han obtenido los ciudadanos a través de préstamos hipotecarios, no podrían convertirse en dueños de la vivienda que habitan. Para la mayoría de las familias, la principal deuda es la que deriva de ese préstamo hipotecario que les permitió acceder a la propiedad de su vivienda habitual. Vivienda que perderán si la entidad bancaria procede a ejecutar la hipoteca. Y el mismo fenómeno pueden sufrir los pequeños empresarios en relación con su local de negocio. Si el precio por el que se adjudica la vivienda no basta para cubrir la deuda, seguirán, en principio, debiendo la diferencia al acreedor, en virtud del sistema de responsabilidad patrimonial universal que rige en nuestro Derecho (el famoso artículo 1911 CC), y continuará aquella deuda devengando nuevos intereses. Es una pesada carga que el deudor deberá soportar quizá toda su vida, si es que no la transmite a sus herederos, y que es fácil que ahogue cualquier perspectiva de reflotar su economía. No es descabellado pensar que una elemental razón de justicia, pero también el buen funcionamiento de la economía, exija dotar a los deudores de buena fe, sobre todo aquellos que se ven afectados por circunstancias que no pueden controlar, de instrumentos que les permitan sanear su economía doméstica endeudada y no quedar lastrados de por vida.

No hay que olvidar, por otra parte, que un préstamo hipotecario concedido por una entidad financiera es un contrato de adhesión en el que las cláusulas no son negociadas por las partes. Y que, como ha puesto de relieve la crisis, han estado tradicionalmente plagados de cláusulas abusivas.

Algo se ha hecho en estos últimos años. La crisis ha desencadenado una verdadera movilización social, ha alimentado el activismo de muchos jueces, ha provocado una verdadera revolución de la jurisprudencia del TS sobre protección del consumidor de crédito inmobiliario, muchas veces a impulsos de la jurisprudencia del TJUE y, por qué no decirlo, jugando un papel que rozaba las funciones de legislador, y ha ido dando lugar a diversas normas jurídicas – que se cuentan por decenas, aunque sin ningún ánimo de sistema- que intentaban ir parcheando lo urgente, no pocas respondiendo también a llamadas de atención del Tribunal de Justicia Europeo.

No voy a enumerar estos hitos normativos y jurisprudenciales, sobre los que hemos ido trabajando en las pasadas ediciones del Taller de garantías. Pero quiero poner de relieve que, a fecha de hoy, el tema, lejos de haberse agotado, sigue de candente actualidad. Ahí está la polémica sobre quién es el obligado al pago del Impuesto de Actos Jurídicos documentados en el préstamo hipotecario, con vaivén de la Sala tercera del TS incluido, que puede seguirse en la reciente STS, Pleno de la Sala 3ª, de 27 de noviembre de 2018 y su voto particular. Y la reacción del Gobierno dictando el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Es buena muestra de una de las servidumbres que todavía no hemos conseguido redimir: la de la inseguridad jurídica, la indeterminación de unas reglas del juego que tenemos la sensación, muchas veces, de que se sustentan sobre arenas movedizas.

Un segundo ejemplo que pone de relieve la actualidad del tema: en estos momentos se está tramitando un Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que, entre otras cuestiones, afectará a distintos aspectos del préstamo hipotecario. Un proyecto que transpondrá, con mucho retraso, la Directiva 2014/17/UE. Retraso que podría suponer una multa para España de cien millones de euros. No es ajena a esta circunstancia la situación de inestabilidad política y la parálisis parlamentaria que hemos vivido en estos últimos tiempos y que tiene una conexión directa con la grave crisis económica, esa de la que se ha dicho, a nivel mundial, que ha desbancado a la de 1929. Como escribe MANUEL CASTELLS, se ha quebrado “un modelo de capitalismo financiero especulativo al tiempo que los sistemas políticos han experimentado una profunda crisis de legitimidad …”. En el fondo subyace una tremenda y justificada falta de confianza, que ha afectado tanto al sistema económico como al político. Y uno de los retos que tenemos ahora mismo sobre el tapete es recuperar la confianza perdida en ambos planos.

En este contexto iniciamos la séptima edición del Taller de garantías en el que seguimos trabajando, con una perspectiva eminentemente práctica, sobre los préstamos garantizados con hipoteca, muy en especial, los destinados a la adquisición de la vivienda habitual.

Doy la bienvenida a los estudiantes que participan durante este curso en el Taller y que, una vez más, son sus protagonistas. Espero que la actividad sirva para fomentar su espíritu crítico y el compromiso ético con la sociedad a la que servirán, como juristas, en el futuro.

Mª Dolores Mas Badia

Valencia, 14 de febrero de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentran disponibles los vídeos de la VI Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria: Transparencia y crédito responsable”, celebrada el pasado 23 de marzo en la Facultat de Dret  de la Universitat de València.

Intervinieron como ponentes, D. José Losada Morell, Registrador de la Propiedad de Benaguacil y Director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de los Registros de la Comunidad Valenciana (“La cláusula de vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria”); D. Pedro L. Viguer Soler, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia (“La especialización de Juzgados de 1ª Instancia de la Comunidad Valenciana en materia de condiciones generales de la contratación”);  y D. Javier Orduña Moreno, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera y Catedrático de Derecho Civil (“La transparencia como valor y como norma”).

Puede acceder a los vídeos a través del siguiente enlace: http://mmedia.uv.es/index?f=_all&w=sobreendeudamiento18

Desde la organización de la jornada deseamos agradecer la labor realizada por los técnicos del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València.

 

Tres años después de la STS 705/2015, de 23 de diciembre en que se consideró abusiva la cláusula que atribuía al prestatario todos los gastos e impuestos derivados del préstamo hipotecario, el Tribunal Supremo vuelve sobre la cuestión.

Las sentencias, anunciadas por el Pleno del Tribunal el 28 de febrero, sobre las que incluimos una entrada en el blog, han sido finalmente publicadas: SSTS 147/2018 148/2018, de 15 de marzo.

La cláusula es abusiva y, por tanto, nula

En el fallo de ambas se establece:

“(i) La cláusula litigiosa es nula por abusiva, al atribuir, indiscriminadamente y sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario.

(ii) En lo que afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados habrá que estar a las siguientes reglas:

  1. Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario.
  2. En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario.
  3. En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos casos en que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por la matriz. Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.
  4. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad «Actos Jurídicos Documentados» que grava los documentos notariales.”

Pero no hay que devolver las cantidades cobradas

Pese a la estimación del recurso de casación en lo relativo a la abusividad de la cláusula de atribución indiscriminada de gastos al deudor, el Tribunal Supremo concluye que no cabe devolución alguna por las cantidades abonadas por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dado que el prestatario es el obligado por la normativa reguladora del impuesto (en la interpretación que de tales normas han hecho el Tribunal Constitucional y la Sala Tercera del Tribunal Supremo). Añade que “(p)ara adoptar esta decisión, la jurisdicción civil no puede enjuiciar si le parece adecuada la determinación del sujeto pasivo obligado al pago del impuesto que hace la normativa reguladora de cada impuesto. La determinación de quién es el sujeto pasivo de un impuesto es una cuestión legal, de carácter fiscal o tributario, que no puede ser objeto del control de transparencia o abusividad desde el punto de vista de la Directiva 93/13/CEE, sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la legislación nacional protectora de consumidores”.


El próximo día 23 de marzo se celebrará, en el marco del Taller de Garantías, y dentro del Plan de Innovación Educativa de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, la VI Jornada “Sobreendeudamiento familiar y ejecución hipotecaria: Transparencia y crédito responsable”.

Llegamos así a la sexta edición de una jornada en la que nuestros estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con especialistas de primera fila en relación con una materia que ha mantenido durante estos seis años la misma actualidad y que afecta de modo tan destacado a los ciudadanos.

Intervendrán, como ponentes, D. José Losada Morell, Registrador de la Propiedad de Benaguacil y Director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de los Registros de la Comunidad Valenciana (“La cláusula de vencimiento anticipado y la ejecución hipotecaria”); D. Pedro L. Viguer Soler, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia (“La especialización de Juzgados de 1ª Instancia de la Comunidad Valenciana en materia de condiciones generales de la contratación”);  y D. Javier Orduña Moreno, Magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera y Catedrático de Derecho Civil (“La transparencia como valor y como norma”).

Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca de Ciencias Sociales.

Hora: 9,30 h.

Tras la experiencia con los productos financieros complejos (preferentes, subordinadas, etc.), los juzgados se enfrentan a la avalancha de demandas provocadas por la existencia de cláusulas abusivas en los préstamos bancarios. Valencia cuenta, desde el 1 de junio de 2017, con un juzgado de Primera Instancia especializado, el nº 25, para resolver estos litigios. Como explicó Pedro Viguer, Decano de los Jueces de Valencia, en una rueda de prensa ofrecida el 1 de febrero de este mismo año, este juzgado tiene más de 2.800 juicios y vistas señalados hasta septiembre de 2018 y una media de 50 demandas diarias, la mayoría relativas a los gastos de formalización de las hipotecas.

La Junta de Jueces de Primera Instancia nº 25 de Valencia, en sesión celebrada el pasado 16 de enero, adoptó un acuerdo relativo a los escritos de demanda y contestación que hayan de presentarse ante este Juzgado para conocer los procedimientos en materia de condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Con carácter de recomendación no vinculante y estrictamente voluntaria aconseja acompañar a los citados escritos una ficha-resumen de los motivos y alegaciones principales invocados. Puede consultarse el modelo en la página web del Decanato de los Juzgados de Valencia: http://portales.gva.es/c_justicia/decanato/